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Educación inclusiva, Estado y Sociedad Civil (1ra parte)

Educación inclusiva, Estado y Sociedad Civil (1ra parte)

En este texto, dividido en tres partes, pretendo reflexionar sobre el papel de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en la atención de los problemas públicos (esos problemas que nos afectan a todos o a muchos ciudadanos como pueden ser la erradicación de la pobreza, la deficiente e inequitativa impartición de justicia, la falta de garantía de los derechos humanos, el escaso reconocimiento del valor y la promoción de la cultura, entre muchos otros), en este caso, específicamente, el de la exclusión educativa. Sobre las características de las OSC, el tipo de vínculo que deben establecer con los gobiernos, así como las condiciones para que esta alianza sea lo más fructífera posible.

El tema no es menor, en nuestras latitudes aún no hemos arribado al puerto de la democracia ni podemos arriar felizmente las velas, los actores sociales tradicionales parecen mostrar signos de agotamiento y los emergentes no están a salvo de contradicciones y desafíos.

Sirva pues esta pequeña reflexión personal como viento fresco, que aspira volverse tempestad conforme se torna colectiva, para fortalecer el hacer pero también el transformar de nuestras organizaciones.

El análisis versa sobre el caso mexicano, queda pendiente la tarea de encontrar las posibles analogías con otros países de la región.

Introducción

En México, ante la pregunta: ¿a quién le corresponde impulsar en la agenda educativa una educación inclusiva?, aún hoy, para la mayoría de las personas, la respuesta sigue siendo: al gobierno, o más específicamente, a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Al respecto, en julio del 2017, la SEP lanzó la “Estrategia de Equidad e Inclusión” (SEP, 2017) para la educación obligatoria, enmarcada en el nuevo Modelo Educativo impulsado por el gobierno que recién concluyó su gestión en noviembre de 2018.

Dicha estrategia, desde un comienzo enfrentó diversas dificultades. Por poner un ejemplo, aquellas referidas al uso de los recursos financieros destinados al pilotaje de la fase inicial por parte de las escuelas participantes (200 escuelas de nivel básico y 50 de nivel medio superior en 18 de los 32 estados de la República Mexicana), esto debido a una mala planeación sobre la forma de canalizarlos.  Se trataba de recursos federales, es decir, de la administración central y su distribución también se planeó centralmente. Este hecho, afectó significativamente la realización de las actividades contempladas en el pilotaje y por lo tanto la calidad de sus resultados. Adicionalmente a esto, a dos meses de la conclusión de la estrategia, junto con la administración que la impulsó, no es del todo claro su impacto en las escuelas.

Este tipo de conflictos no son nuevos ni extraños. Desde la década de los años sesenta del siglo pasado, en los Estados Unidos, se constató, pero además, comenzó el estudio de los obstáculos que enfrentan los gobiernos centrales para llevar a buen término sus esfuerzos en la atención de los problemas públicos, (Aguilar, 2000b).

Primera Parte: El “redimensionamiento“ del Estado

El Estado mexicano que siguió a la Revolución de 1910, como muchos de la región, se caracterizó por la atribución de enormes poderes al Ejecutivo;  un papel rector del proceso productivo; la creación de grandes empresas estatales como administradoras de los recursos estratégicos: Petróleos Mexicanos (Pemex), Compañía Federal de Electricidad (CFE), Ferrocarriles Nacionales  de México (FNM), etc.; regulación de la propiedad y distribución de la tierra, y, con el propósito de “proteger” al trabajador, intervención como “arbitro” de las relaciones entre patrón y obrero, y establecimiento de políticas sociales y de bienestar (Revueltas, 1993). Características de un estado interventor y que fueron identificadas con el Estado de bienestar.

A partir de “la crisis económica de 1982 se popularizó en la esfera pública la idea de que los problemas del país, desde la hiperinflación hasta la corrupción, eran resultado del poder excesivo del Estado” (Leal, 2015). Carlos Salinas de Gortari, presidente de México en el periodo 1988-1994, escribió en 1990: “el ensanchamiento del papel del Estado en todos los ámbitos de la vida social, indispensable en el periodo de reconstrucción, en el despegue industrial y en la promoción de la organización de la sociedad dejó de ser útil para tornarse crecientemente en un obstáculo a la dinámica que su propia acción generó” (Salinas de Gortari, 1990).

También en los años 90 del siglo pasado, Luis F. Aguilar, filósofo y politólogo mexicano escribía: “Gobernar de acuerdo a política pública significa incorporar la opinión, la participación, la corresponsabilidad, el dinero de los ciudadanos, es decir, de contribuyentes fiscales y actores políticos autónomos y, a causa de ello, ni pasivos ni unánimes” (Aguilar, 2000a), lo cual constituía un llamado a trascender la participación limitada al voto y la contribución reducida a la realizada a través de la Hacienda Pública por parte de los ciudadanos.

De este modo, la idea del agotamiento de lo que se denominaba un estado omnipresente, masivo, centralista, se incorporaba a la teoría y práctica política del país. Bajo esta premisa, el redimensionamiento del Estado, su “adelgazamiento”, es decir, su renuncia a interferir en amplias áreas de la vida común, fue aplicado pródigamente desde principios de los años ochenta a recomendación expresa de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y, a últimas fechas, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

A pesar de ello, casi 30 años después, los hechos de corrupción como los vinculados a la constructora brasileña Odebrecht, los denominados “la Casa Blanca”, “la Estafa Maestra” y otros que marcaron la administración recién finalizada nos recuerdan, nuevamente, la vulnerabilidad de la sociedad frente al centralismo, la discrecionalidad en la toma de decisiones, la falta de transparencia y rendición de cuentas y, recientemente, al corporativismo empresarial que ha sustituido al corporativismo característico del régimen surgido de la Revolución Mexicana de 1910.

La promesa de un mejor funcionamiento del Estado (gobierno) que alentó estos cambios no se ha visto concretada.

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